¿Debería el Servicio Postal participar en operativos migratorios?
En los últimos meses, la política migratoria de la administración Trump ha generado controversia por su enfoque agresivo en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Recientemente, documentos filtrados y fuentes internas revelaron que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) está colaborando con agencias federales para localizar y deportar a personas sin estatus migratorio.
A continuación analizaremos los puntos clave de esta colaboración, las implicaciones legales y éticas, y cómo esta estrategia se enmarca en el plan de deportaciones masivas de Trump.
El USPS y su brazo policial: Una función inesperada en la política migratoria
El Servicio de Inspección Postal (USPIS) es una agencia poco conocida cuya labor principal es investigar delitos relacionados con el correo, como fraudes, narcotráfico o pornografía infantil. Sin embargo, según documentos obtenidos por The Washington Post, ahora también está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para rastrear inmigrantes indocumentados.
- Cambio de enfoque: En 2020, las funciones de los inspectores postales se limitaron a instalaciones del USPS, pero ahora están participando en operativos migratorios.
- Grupo de trabajo del DHS: El USPIS se unió a una unidad especializada en deportaciones, algo sin precedentes en su historia.
¿Cómo utiliza el gobierno los datos postales para rastrear inmigrantes?
El DHS ha solicitado acceso a información recolectada por el USPS, incluyendo:
- «Mail covers» (cubiertas postales): Imágenes del exterior de sobres y paquetes que revelan direcciones y remitentes.
- Datos de rastreo postal: Movimientos de envíos que pueden indicar ubicaciones de personas.
- Registros de cuentas en línea y direcciones IP: Vinculadas a servicios postales digitales.
¿Es legal este monitoreo?
- No se requiere orden judicial: La información visible en el exterior del correo se considera «pública», por lo que no está protegida por la Cuarta Enmienda, que prohíbe registros arbitrarios.
- Menos restricciones que otras formas de vigilancia: A diferencia de las comunicaciones electrónicas, el monitoreo postal enfrenta menos obstáculos legales.
Redadas conjuntas y el caso de Colorado Springs
Uno de los operativos más notorios donde participó el USPIS fue una redada en Colorado Springs, Colorado, junto con el FBI, la DEA y el IRS, el resultado:
- Más de 100 detenidos, la mayoría inmigrantes indocumentados.
- Primera vez que el USPIS interviene directamente en una redada migratoria, marcando un cambio en su rol tradicional.
Aunque antes había colaborado en investigaciones federales, su participación en deportaciones es nueva.
¿Por qué el USPS está colaborando con las deportaciones?
Existen dos teorías sobre los motivos detrás de esta colaboración:
a) Presión de la administración Trump
- Trump ha impulsado una reestructuración del USPS, incluyendo posibles fusiones con otras agencias e incluso privatizaciones parciales.
- Algunos funcionarios del USPS podrían estar «cooperando para evitar recortes», según un correo interno citado por The Post: «Solo queremos jugar bien en la caja de arena».
b) Expansión de la estrategia migratoria
- Trump ya había movilizado a otras agencias (como el IRS y el Departamento de Vivienda) para identificar inmigrantes sin papeles.
- El USPIS, con su acceso a datos postales, se convierte en otra herramienta para localizar personas.
Preocupaciones sobre privacidad y abusos
La participación del USPS en deportaciones genera varias interrogantes:
- ¿Se está usando la información postal de forma ética?
- ¿Podría afectar a ciudadanos estadounidenses por error? (Ejemplo: personas que comparten dirección con indocumentados).
- ¿Es este el inicio de una vigilancia masiva a través del correo?
Organizaciones de derechos civiles ya han expresado preocupación por el potencial abuso de poder.
Un precedente peligroso
La colaboración del USPS en las deportaciones masivas de Trump marca un cambio preocupante en el uso de agencias federales para fines migratorios. Aunque legal, la recolección de datos postales para rastrear personas plantea serias dudas sobre privacidad y derechos civiles.
Con la posibilidad de más redadas y el temor a represalias dentro del USPS, este caso podría ser solo el inicio de una estrategia más amplia y controvertida.
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