En una decisión significativa, la jueza federal Trina Thompson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La medida pospone la terminación del programa hasta al menos el 18 de noviembre de 2025, brindando un respiro a miles de familias que enfrentaban la amenaza de deportación. Este fallo no solo resalta la importancia humanitaria del TPS, sino que también analiza el impacto económico y social que su cancelación tendría en Estados Unidos. A continuación, desglosamos los aspectos clave de esta decisión y sus implicaciones.