El ‘parole in place’ ofrecía una solución humanitaria y administrativa, permitiendo que aquellos que calificaban evitaran la separación familiar y continuaran el proceso migratorio desde dentro del país. El fallo que ha anulado el ‘parole in place’ se basa en una decisión del juez federal J. Campbell Barker, quien argumentó que el programa carecía de base legal, ya que el Congreso no había otorgado la autoridad necesaria al poder ejecutivo para implementar esta medida.