Durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, el sistema migratorio de Estados Unidos ha sido sometido a una de las presiones más intensas de su historia moderna. En este artículo, te explicamos qué está pasando, a quién afecta y qué opciones reales existen para protegerse legalmente. A través de memorandos, órdenes ejecutivas y proclamas presidenciales —muchas de ellas emitidas sin intervención directa del Congreso— la administración buscó cumplir una de sus promesas de campaña más ambiciosas y controvertidas: ejecutar la mayor campaña de deportaciones jamás realizada.
El discurso oficial habla de “tolerancia cero”, control, seguridad nacional y aplicación estricta de la ley. Sin embargo, los resultados distan de las expectativas planteadas por el propio mandatario. A un año de iniciada esta estrategia, los datos, las decisiones judiciales, las denuncias de organizaciones legales y los testimonios de expertos muestran un panorama complejo, con graves consecuencias legales, humanas y constitucionales, especialmente para inmigrantes provenientes de América Latina.
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Política de “tolerancia cero”: qué significa y por qué afecta a miles de familias inmigrantes
⚠️ OJO: Aquí es donde muchas personas pierden su caso sin saberlo. No entender cómo funciona esta política puede llevar a errores irreversibles. Antes de tomar decisiones, consulte con un abogado de inmigración certificado.
La política de “tolerancia cero” fue diseñada con un objetivo claro: detener, procesar y deportar al mayor número posible de inmigrantes indocumentados, priorizando —al menos en el discurso— a personas con órdenes finales de deportación y/o antecedentes criminales. Trump prometió deportar al menos un millón de personas durante el primer año de su segundo gobierno y consolidar la mayor operación de expulsiones en la historia del país.
Para avanzar en esa meta, la Casa Blanca recurrió a una expansión agresiva del poder ejecutivo. Entre las principales acciones destacan:
- Cancelación de beneficios migratorios implementados durante la administración Biden.
- Cambios reglamentarios acelerados que ampliaron la discrecionalidad de jueces y oficiales migratorios.
- Autorización para desestimar casos sin audiencia plena, debilitando el debido proceso.
- Eliminación o reducción de mecanismos de supervisión interna sobre agencias federales.
Todo ello ocurrió sin reformas legislativas sustanciales aprobadas por el Congreso, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad y constitucionalidad de estas medidas.
Alerta legal: lo que advierte la Barra de Abogados de Nueva York sobre las políticas migratorias de Trump
⚠️ Dato clave para la comunidad inmigrante: Cuando organizaciones legales advierten violaciones constitucionales, significa que sus derechos pueden estar en riesgo real, incluso si usted entró legalmente o tiene un caso pendiente.
Un reporte exhaustivo elaborado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York documenta cómo se ha implementado esta estrategia y advierte que muchas de las transformaciones impulsadas por la administración Trump violan leyes federales y principios constitucionales básicos.
El informe se apoya en:
- Decisiones de tribunales de primera instancia.
- Fallos y criterios de cortes de apelaciones.
- Opiniones disidentes de magistrados de la Corte Suprema.
Aunque estas resoluciones han señalado excesos y abusos, hasta ahora no han logrado frenar de manera estructural la ofensiva migratoria.
Entre los cambios más preocupantes identificados por el informe se encuentran:
- Ataques directos a la defensa legal de inmigrantes y al poder judicial.
- Eliminación de oficinas encargadas de supervisar la conducta de agentes federales.
- Restricciones severas a la libertad bajo fianza.
- Intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento.
- Cancelación de programas humanitarios.
- Conversión en indocumentados de más de 1.5 millones de personas que ingresaron legalmente bajo programas como parole humanitario y CBP One.
- Expansión de deportaciones expeditas y redadas masivas.
- Deportaciones a terceros países.
- Violaciones al debido proceso, incluyendo arrestos y deportaciones de ciudadanos estadounidenses.
El informe también vincula esta estrategia con el Proyecto 2025, un plan conservador de extrema derecha que, aunque Trump negó públicamente durante la campaña, coincide de manera notable con las políticas implementadas.
Ataques a los abogados de inmigración y al derecho a una defensa justa
⚠️ Muchos casos se pierden aquí: sin abogado, las probabilidades de deportación aumentan drásticamente. El sistema no garantiza abogado gratuito en inmigración, aunque su caso sea complejo.
El 25 de marzo de 2025, Trump emitió el memorando titulado “Prevención de Abusos del Sistema Legal y de los Tribunales Federales”. En él, el presidente acusó a abogados de inmigración y firmas pro‑bono de fraude generalizado.
Más allá del lenguaje político, el documento fue interpretado como una amenaza directa contra la representación legal de inmigrantes. Su objetivo implícito era desalentar a bufetes que demandaran al gobierno o representaran clientes en litigios contra políticas federales, forzando cláusulas contractuales que permitieran rescindir acuerdos si existía “conflicto” con la agenda presidencial.
Expertos legales advirtieron que esta postura buscaba reemplazar la lealtad del abogado hacia su cliente por lealtad al presidente, vulnerando principios éticos básicos de la profesión.
Un mes después, el 28 de abril de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para ampliar protecciones legales a agentes de la fuerza nacional de deportaciones, reforzando la narrativa de que cualquier crítica o restricción a su actuación favorece la delincuencia, pese a la falta de evidencia que respalde esa afirmación.
Redadas, uso de la fuerza y consecuencias graves
Uno de los episodios más graves ocurrió el 7 de enero de 2026, cuando un agente de ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo en Minneapolis.
Pese a que el caso está bajo investigación federal, tanto el presidente Trump como el vicepresidente JD Vance justificaron públicamente el uso de la fuerza, calificándolo como defensa propia. Estas declaraciones, sumadas a afirmaciones posteriormente desmentidas, intensificaron las críticas sobre la impunidad y el uso excesivo de la fuerza en operativos migratorios.
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Despido de jueces de inmigración: más retrasos y menos justicia
⚠️ Atención: más retrasos significan más tiempo en incertidumbre y mayor riesgo de que su caso sea cerrado sin una audiencia justa.
Mientras el sistema migratorio enfrenta casi 4 millones de casos acumulados, la administración avanzó con el despido de jueces de inmigración.
El 14 de febrero de 2025, apenas tres semanas después de la toma de posesión, 20 jueces fueron despedidos por correo electrónico, sin previo aviso ni causa pública. Posteriormente, se destituyeron miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y altos funcionarios administrativos, reduciendo aún más la capacidad del sistema.
En agosto, una norma permitió contratar jueces temporales sin experiencia previa en derecho migratorio, incluyendo abogados militares enviados por el Departamento de Defensa. Para expertos, esta medida compromete seriamente la calidad y la imparcialidad de las decisiones.
Menos supervisión y más abusos: cierre de oficinas de derechos civiles
En marzo de 2025, el gobierno cerró de facto:
- La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS.
- La Oficina del Defensor del Pueblo del USCIS.
- La Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes.
Aunque una demanda obligó a reabrirlas formalmente, su funcionamiento quedó severamente limitado, dejando a las fuerzas migratorias sin supervisión independiente efectiva.
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El impacto humano: redadas, detenciones y separación de familias inmigrantes
⚠️ Si ICE lo detiene, cada palabra cuenta. Declaraciones mal hechas o firmar documentos sin asesoría legal puede costarle su permanencia en Estados Unidos.
Dana Marks, expresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, advierte que los excesos visibles son solo “la punta del iceberg”. Redadas en iglesias, escuelas y tribunales —antes impensables— se han vuelto comunes.
La separación familiar, ampliamente condenada en el pasado, se ha intensificado. A esto se suma el beneficio económico para empresas privadas de detención, que obtienen millones de dólares mientras las condiciones en los centros de ICE son descritas como deplorables e inconstitucionales.
Deportaciones rápidas y pérdida del debido proceso
⚠️ Aquí muchos aceptan la deportación “voluntaria” por desesperación, aun cuando tenían opciones legales reales. No decida bajo presión sin hablar con un abogado.
La detención se utiliza cada vez más como mecanismo de presión para forzar la “salida voluntaria”. Las largas esperas, la falta de acceso a abogados, atención médica insuficiente y comunicación limitada empujan a muchos inmigrantes a abandonar defensas legales válidas.
Se han documentado casos de:
- Terminación abrupta del TPS para países de América Latina y el Caribe.
- Procesos de deportación contra residentes permanentes y estudiantes por ejercer derechos constitucionales.
- Arrestos de personas con solicitudes pendientes.
- Aplicación incorrecta de acuerdos de asilo con terceros países.
Cambios acelerados: cuando la rapidez se usa como arma política
Una característica clave de esta ofensiva ha sido la rapidez. Cambios implementados uno tras otro, dificultando que la oposición logre frenos judiciales oportunos.
Abogadas como Rebeca Sánchez‑Roig señalan que la amplia discrecionalidad del Ejecutivo permite actuar antes de que el sistema judicial o legislativo pueda reaccionar, agravado por un Congreso profundamente polarizado.
Países de América Latina y el Caribe más afectados por las nuevas medidas
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Este artículo es informativo y no constituye asesoría o consejo legal.
Cada caso migratorio es distinto. Para orientación específica, consulta con un abogado de inmigración que analice tu situación particular.
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